Las dudas sobre los culpables de la masacre en Santo Domingo, Arauca

- Diciembre 14 de 2018, 3:29 pm
Foto: AFP

Uno de los pilotos investigados asegura haber recibido amenazas tras denunciar irregularidades en la investigación.

Veinte años después de la masacre en Santo Domingo, Arauca, que dejó 17 personas muertas y 17 más heridas, reviven las dudas sobre los culpables del ataque.
 
La Unidad Investigativa de Noticias RCN conoció nuevos detalles del caso ya que logró hablar con algunos de los protagonistas del hecho ocurrido el 13 de diciembre de 1998.
 
Uno de los pilotos, aún investigado por la masacre, dijo que ha recibido amenazas tras denunciar las presuntas irregularidades de la investigación que incrimina a la Fuerza Aérea como autores del hecho y no a las Farc.
 
En las pruebas aportadas por Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que Noticias RCN revela por primera vez desde que ocurrió la masacre hace 20 años, se defiende que la bomba clúster o racimo se lanzó en un terreno boscoso lejos de Santo Domingo.
 
Según el dictamen de los técnicos en explosivos y topógrafos que inspeccionaron la zona, entre Santo Domingo y el lugar del impacto hay una distancia de 350 metros.
 
El alcance del artefacto es de 30 metros según prueba una comunicación oficial que reposa en el expediente del caso.
 
El piloto indagado asegura que en la investigación hay irregularidades y afirma que las Farc instalaron un camión bomba en la zona.
 
SEGUNDA ENTREGA: Los detalles del proceso en la Fiscalía:

Pedro Díaz Romero, magistrado de la JEP, tiene una investigación en curso por presunta manipulación de pruebas por sus investigaciones tras la masacre de Santo Domingo cuando era fiscal de derechos humanos.

Su defensa, según dijo en una de las indagatorias, se basó en los fallos judiciales que condenaron a la Fuerza Aérea como autores de las muertes.

"Lo que se trató aquí fue del bombardeo con un dispositivo cluster muy cercano a la población de Santo Domingo y donde resultaron asesinadas 17 personas", dice el fragmento de la indagatoria de Romero, en ese entonces fiscal.

Sin embargo, la defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al estado por la masacre, presentó otra versión.

"Las muertes de las 17 personas y los 27 heridos se producen por un carro bomba que había instalado las Farc en la calle principal de Santo Domingo, y el Estado colombiano tiene unos elementos muy serios que respaldan esa versión", explica el exfiscal Eduardo Montealegre, que defendió al Estado ante la CIDH.

El papel de Pedro Díaz Romero en la investigación de la masacre en la población de Arauca empezó 14 meses después del incidente.

“No hay evidencias que se haya usado armamento aéreo” porque no había nada de TNT pues nosotros cerramos el caso que había iniciado un juez nuestro, pero unos meses después la Fiscalía abre el caso sorpresivamente para nosotros, diciendo que habían encontrado una evidencia". dice el general (r) Héctor Fabio Velasco, comandante de la Fuerza Aérea en 1998.

En el 2000, un año y dos meses después de la masacre, Díaz Romero, recolectó nuevas pruebas en Santo Domingo con una comisión en la que participó Giovanny Álvarez, para la época también funcionario de la Fiscalía y hoy fiscal de la JEP.

"14 meses después aparecen estas evidencias y lo que no establecen esos dictámenes es en qué lugar exactamente se encontraron porque es obvio que muchas de esas esquirlas pudieron ser recogidas a 500 metros del casco urbano en el pie de monte", cuestiona Montealegre.

El perito balístico que recolectó las pruebas, solo cuatro días después de la masacre en 1998, admitió las diferencias en una declaración juramentada de marzo de 2014.

"El elemento que estoy observando en dicha imagen no corresponde ni en tamaño ni en su morfología con el que observé anteriormente del fragmento recuperado en la necropsia" 

En noviembre de 2017, la Fiscalía vinculó a Díaz al proceso "por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. más de un año después la misma Fiscalía no ha resuelto su situación jurídica.

La Unidad Investigativa buscó a Pedro Díaz Romero quien se abstuvo de dar declaraciones sobre la investigación en su contra.

La dirección de comunicaciones de la JEP indicó que desde el 9 de octubre de este año los dos pilotos condenados a 30 años por el caso Santo Domingo solicitaron acogerse a esa jurisdicción y el magistrado se declaró impedido.

El caso se encuentra bajo estudio en la sala de definición de situaciones jurídicas, en un despacho diferente al del magistrado Pedro Díaz.

NoticiasRCN.com

Unidad Investigativa: posibles irregularidades en la contratación de la Unidad de Víctimas

- Diciembre 4 de 2018, 9:15 pm

La Red de Veedurías ciudadanas pidió a la Procuraduría la manera en que se está contratando en la entidad.

La Unidad Investigativa encontró documentos que probarían un posible favorecimiento del director encargado de la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade a familiares y personas cercanas en la entidad.

El 4 de septiembre de este año Ramón Alberto Rodríguez Andrade se posesionó como director encargado de la Unidad de Víctimas.

Según su hoja de vida en función pública lleva seis años en la entidad, pero veedores ciudadanos cuestionaron su gestión.

"Ha puesto al servicio de su familia y de sus allegados la institución para transgredir las normas mínimas de violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses de una manera grosera", aseguró Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías De Colombia

La Unidad Investigativa se dio a la tarea de confirmar las denuncias y encontró un contrato del 2017 con Ginna Melet Pachón Rojas con quien el director encargado de la Unidad de Víctimas tiene un hijo de cuatro años, según el registro civil de nacimiento.

El contrato por más de 35 millones de pesos fuse dio cuando Rodríguez tenía otro cargo directivo de menor rango en la entidad y según el documento fue su supervisor directo.

Según el directorio y correo corporativo, Ginna Melet Pachón figura aún como contratista de la Unidad de Víctimas.

Cindy Milena Pachón, es tía de Ginna Milet y también trabaja en la Unidad de Víctimas desde el 2016. Este año fue vinculada nuevamente como contratista. 

A través de un comunicado, el funcionario indicó: "actualmente no tengo relación sentimental ni compañera sentimental, así como tampoco existe vínculo familiar por afinidad con ningún funcionario de la unidad".

Conocimos que 2.234 personas son contratadas a través de tres proveedores privados con órdenes de compra que superan los 75 mil millones de pesos.

En las órdenes de compra de los proveedores privados a la Unidad de Víctimas referencian el valor y cantidad de personal suministrados a la entidad, pero no los identifican, lo que dificulta conocer quiénes prestan sus servicios a través de las empresas subcontratadas.

Sobre lo anterior, Rodríguez aseguró: "por medio de este tipo de contratación las entidades del estado buscan la optimización de recursos, eficiencia administrativa, trasparencia y celeridad en procesos contractuales".

Bajo esta modalidad, la hija del director encargado, Camila Rodríguez, presta, al parecer, sus servicios.

Un certificado de afiliación al servicio de salud prueba su relación laboral con dos de los proveedores contratados por la Unidad de Víctimas.

"Mi hija se postuló y obtuvo desde el año 2017 un empleo como agente técnico en la empresa outsourcing la cual presta servicios desarrollado campañas en diferentes entidades del Estado”, aseveró el director encargado.

Rodríguez aseguró también que la empresa para la que trabaja su hija entró a ser operador de la Unidad de Víctimas en agosto de este año.

"Que se investiguen los diversos actos de nepotismo, de vinculación de familiares, supervisión de esos propios contratos", pidió Bustos.

La queja se interpuso ante la Procuraduría para que el director encargado de la Unidad de Víctimas sea investigado.

NoticiasRCN.com

 

Unidad Investigativa: los cuestionados contratos para la Ruta del Sol II

- Noviembre 23 de 2018, 2:25 pm
Foto: NoticiasRCN.com

Indagaciones de la Unidad Investigativa originaron un proceso disciplinario en la Procuraduría contra un exgerente de la Agencia Nacional de Infraestructura y los representantes legales del consorcio Ruta del Sol.

La investigación es por una cuestionada contratación con una empresa que hacía camisetas y obtuvo contratos por más de 10.000 millones de pesos.
 
La Fiscalía también investiga la contratación sobre la que advirtió Jorge Pizano.
 
Desde julio de 2017 en medio del escándalo de corrupción de Odebrecht y tras varias revelaciones, la Unidad Investigativa siguió rastreando la contratación.
 
Conocimos tres contratos suscritos en el 2014 entre el consorcio Ruta del Sol II del que hacen parte Odebrecht,  Episol y CSS Constructores,  con la empresa de asesores y consultores Presoam S.A.S
 
El fallecido Jorge Enrique Pizano, auditor de la Ruta del Sol II, ya había alertado en sus informes de control interno del 2015 sobre posibles irregularidades en los contratos con esta empresa que también salió a flote en sus conversaciones con el abogado Néstor Humberto Martínez.
 
El valor de los tres contratos suma unos 10.400 millones de pesos para gestionar la compra de predios, consultorías para la licencia ambiental y gestión social con las comunidades impactadas en la etapa de pre construcción de la cuestionada adición de la vía Ocaña- Gamarra.
 
La empresa que obtuvo los millonarios contratos aparece registrada en Cámara de Comercio como Sky Blessed y producía camisetas.
 
En abril de 2014 le cambiaron el nombre, la convirtieron en Asesores y Consultores Presoam y dos meses después pasó a ser subcontratista del consorcio Ruta del Sol II.
 
El representante legal de Presoam en 2014, Humberto Sánchez Verano, aseguró que le compró la empresa en quiebra a su mensajero.
 
"Yo le dije: yo se la compro y le ayudo con alguna plata y cuando hubo la oportunidad de negocios, le cambié todo el objeto social acorde con los trabajos que yo iba a hacer", afirmó Sánchez.
 
Presoam, la empresa cuyo capital inicial según el certificado de Cámara de Comercio era de 20 millones de pesos en 2014, pasó a tener un valor de más de 4.000 millones solo diez meses después de la firma de los contratos con el consorcio Ruta del Sol.

Otro elemento clave es que cuando se hicieron los contratos, en Presoam trabajaba en un cargo gerencial del proyecto Hugo Enrique Chacón Carreño, un primo hermano del entonces gerente de proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Édgar Chacón Hartmann, quien tenía funciones en la entidad estatal que ejercía la vigilancia de los contratados.

Además, su cargo dependía exclusivamente del despacho del entonces presidente de la ANI Luis Fernando Andrade, detenido por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Registros revelan que entre la experiencia laboral acreditada por el primo Enrique Chacón Carreño se incluyen: Subcontratos consorcio Ruta del Sol, Consol, Odebrecht, Episol y CSS Constructores.

Por estos hechos la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, realizó una amplia inspección judicial en la que fue levantada la reserva de información contenida en los computadores de la ANI, del concesionario y de la empresa Presoam y el 6 de septiembre de 2017 abrió indagación preliminar.

La Unidad Investigativa contactó en varias ocasiones al señor Édgar Chacón Hartmann, pero no quiso dar declaraciones en cámara. Entregó información en privado.

Conocimos que el 29 de agosto de 2017 fue escuchado en declaración jurada por la Fiscalía.

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Nuevos detalles de cómo se dio la salida del país de 'Pacho Chino'

- Octubre 17 de 2018, 10:02 pm
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Cruce de correos en Migración Colombia evidenciarían irregularidades en los procedimientos para autorizar salida de exguerrilleros.

La Unidad Investigativa de Noticias RCN conoció documentos exclusivos que evidencian posibles irregularidades en los procedimientos para la salida del país de los exjefes de las Farc acogidos a la justicia especial.

Uno de los cuestionados permisos fue otorgado a alias Pacho Chino, el mismo guerrillero que acompañaba a Alfonso Cano cuando fue abatido.

Un funcionario de Migración Colombia, que le permitió viajar a México sin la debida autorización de la JEP, enfrenta hoy un proceso disciplinario.

Los correos electrónicos entre directivos de Migración Colombia evidencian que un funcionario de la entidad autorizó a 'Pacho Chino' su salida del país sin el permiso requerido de la JEP.

"Esta persona no podía salir del país sin que exhibiera permiso suscrito por el secretario general de la JEP o de alguno de los magistrados que le integran", dice uno de varios correos que circularon entre funcionarios de Migración Colombia.

El cruce de mails se dio el 6 de marzo de 2018, el mismo día que 'Pacho Chino' viajó a México.

"Esta persona presentó un documento acta de compromiso JEP de acogimiento a la Justicia Especial de Paz de lo cual me fue consultado por los supervisores y fue autorizado la emigración por parte de esta dirección regional".

Humberto Velásquez, subdirector de control migratorio, explicó que 'Pacho Chino' negó cualquier impedimento para salir del país

"Exhibe el acta de sometimiento a la JEP y manifiesta que como lo expresa esa acta, él no tiene ningún tipo de restricción".

Tres días después, 'Pacho Chino' regresó a Colombia y explicó que su viaje respondía a un evento en el que el Partido Obrero de México quería conocer el avance del proceso de paz en Colombia.

En Migración Colombia aseguran que no cuentan con la tecnología requerida para controlar las salidas del país de quienes se acogen a la JEP.

"Desafortunadamente esta persona trajo un acta, precisamente porque no está sistematizado ese procedimiento, igualmente como fue negociador seguramente tenía levantados los antecedentes judiciales", explicó Christian Krüger director de Migración Colombia

Velásquez también justificó su actuación y aseguró que no se contaba con un canal de comunicación que permitiera contactar a la JEP para certificar lo dicho por el exguerrillero.

"El director del aeropuerto en garantía del derecho de libre movilidad y al documento que en su momento exhibió, le concedió la salida", dijo.

El funcionario que autorizó la salida de Pacho Chino del país enfrenta un proceso disciplinario interno en la entidad y fue transferido a otra sede de Migración Colombia.

"El señor en el aeropuerto El Dorado maneja más de 30.000 pasajeros diarias, seguramente esta persona haciendo uso de la buena fe dijo "no hay ningún problema", puntualizó Krüger.

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Unidad Investigativa: los motivos por los que imputarán cargos a Martha Lucía Zamora

- Octubre 3 de 2018, 2:26 pm
Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la JEP. Foto: NoticiasRCN.com

Junto a Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la JEP, serán imputados dos contratistas de la Justicia Especial para la Paz.

Supuestamente el exsecretario de la JEP Néstor Raúl Correa firmó en marzo y abril unos permisos de salida del país a varios guerrilleros de las Farc. 
 
El más polémico caso y que generó indignación fue el de Fernando Arellán, condenado a 40 años por el atentado contra el Club El Nogal, en el que murieron 36 personas.
 
A Arellán supuestamente el entonces secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, le concedió permiso para descanso y turismo en Isla Margarita el 8 de marzo de este año.
 
Según confirmó un exfuncionario de la JEP, que pidió la reserva de su nombre, debido al gran volumen de actas que autorizaba la dependencia, el documento era un formato predeterminado con los espacios requeridos en blanco y la firma digital del secretario Correa.
 
El funcionario que conocía el proceso también aseguró que, como exigía el protocolo, nunca hubo una orden de Néstor Raúl Correa para autorizar esas salidas del país en marzo y abril de este año, entre esas la de Arellán.  
 
Los formatos con la firma digital de Correa, fueron destruidos para evitar nuevas irregularidades.
 
Al revisar las actas, supuestamente firmadas por el exsecretario, se aprecia que los espacios requeridos se llenan a mano mientras la firma que autoriza es digital.

Lo que investiga la Fiscalía, es la participación de Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la JEP y de los contratistas July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo en la manipulación de dichos documentos sin la autorización de Néstor Correa, porque tenían acceso a los formatos. 

La Unidad Investigativa pudo establecer que Correa, solicitó a la Fiscalía investigar la presunta irregularidad, argumentando que no aprobó los permisos y que su firma fue utilizada aparentemente de manera indebida.

La Unidad Investigativa conoció que la vinculación de los contratistas de la JEP, a los que la fiscalía imputará cargos, se hizo en el 2017 a través de una de las oficinas de Naciones Unidas.

En enero de este año fueron contratados nuevamente por el Fondo Colombia en Paz que ejecuta recursos del posconflicto.

Otra fuente de la JEP aseguró que en julio fue la directora administrativa, Martha Lucía Zamora quien autorizó la renovación de sus contratos, pese a que internamente ya se conocía de su presunta conducta irregular con la manipulación de las actas. 

Después de que estalló el escándalo sobre los permisos, a los contratistas no les fue renovado su contratación.

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Unidad Investigativa

"Jamás se ha ofrecido beneficios a nadie": Diego Cadena, abogado de Uribe

- Agosto 27 de 2018, 2:38 pm
Diego Cadena.

Según la investigación, Cadena habría podido manipular testigos para favorecer al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El abogado del expresidente Uribe habló con la Unidad Investigativa de Noticias RCN de la investigación que le adelanta la Fiscalía por supuestamente manipular testigos.
 
Según la investigación, Cadena habría podido manipular testigos para favorecer al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es investigado por la Corte Suprema por supuesto soborno y fraude procesal.
 
"Jamás se ha ofrecido beneficios a nadie, jamás se ha engañado a una persona con el fin de obtener o torcer una declaración", señaló Diego Cadena al ser preguntado por el tema.
 
También dijo haber caído en una trampa cuando fue  grabado en una cafetería del centro de Bogotá hablando con la esposa de Juan Guillermo Monsalve,  Deyanira Gómez, pero descartó que la Corte Suprema este involucrada. 
 
"A qué me estaba llamando (Juan Guillermo) Monsalve, a decirme 'señor Cadena cuando va a venir a presionarme', esto no tiene presentación. Esta gente ha jugado con la buena fe de la Corte Suprema de Justicia".
 
El expresidente Uribe deberá presentarse en indagatoria ante la Corte el próximo 3 de septiembre para declarar por presuntamente haber presionado a testigos a través de terceros.
 
La investigación que adelanta el alto tribunal señala que Cadena visitó en varias oportunidades a Juan Guillermo Monsalve buscando que este se retractara de las declaraciones hechas contra Uribe sobre la presunta vinculación de este y su hermano, Santiago, en la creación de grupos paramilitares.
 
Una de las pruebas de la Corte Suprema en contra de Cadena fue la reunión que sostuvo con la esposa de Juan Guillermo Monsalve, donde supuestamente él buscaba que el detenido se retractara y que él afirma fue una trampa.
 
Vea en el video relacionado la entrevista completa de Diego Cadena.
 
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Las conversaciones entre el abogado de Uribe y la exfiscal Hilda Niño

- Agosto 16 de 2018, 2:22 pm

Diego Cadena es investigado por su contacto con algunos de los testigos del caso del expresidente.

La Unidad Investigativa de Noticias RCN revela algunas de las conversaciones que analiza la Fiscalía en su investigación a Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe.
 
Cadena fue citado a interrogatorio por la Fiscalía. Las llamadas son entre el abogado y la exfiscal Hilda Janeth Niño, quien tendría información sobre supuesta presión a testigos para que declaren contra los Uribe.
 
Según una de las conversaciones, el expresidente Uribe le hizo saber a Diego Cadena que la exfiscal detenida tenía información a su favor. 
 
Por su parte, la mujer busca que la ayuden a ser trasladada de centro de reclusión.
 
El abogado de Uribe, Diego Cadena, es investigado por su contacto con algunos de los testigos del caso. 
 
Vea en el video relacionado a esta nota el informe completo de la Unidad Investigativa.
 
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La conversación entre la exfiscal Hilda Janeth Niño y un abogado de Álvaro Uribe

- Julio 31 de 2018, 1:53 pm
FOTO: Exfiscal Hilda Niño. NoticiasRCN.com

La Unidad Investigativa de Noticias RCN tiene nuevos elementos del expediente de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe y el representante Hernán Prada.

Una interceptación conocida por la Unidad Investigativa y reseñada en el expediente de la corte revela una conversación entre la detenida exfiscal Hilda Janeth Niño y uno de los abogados de Álvaro Uribe, Diego Cadena.

En la llamada del 4 de abril de 2018 desde la cárcel El Buen Pastor, la ex funcionaria asegura que quiere dar su declaración ante un fiscal diferente al que estaría llevando el caso de Santiago Uribe.

Niño insiste en dar su declaración sobre un supuesto plan para afectar a los hermanos Uribe Vélez a otro fiscal y menciona al ex presidente de la Corte Suprema.

La exfiscal le asegura a cadena que el supuesto plan contra los hermanos Uribe ya lo había denunciado hace siete meses.

Diego Cadena recibe el mensaje y le asegura que se lo trasmitirá al expresidente Álvaro Uribe. 

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Unidad Investigativa: continúan nombramientos en la Cancillería a personas que no cumplen requisitos

- Julio 22 de 2018, 2:05 pm
Foto: AFP

Noticias RCN le sigue poniendo la lupa a los nombramientos provisionales en embajadas y consulados denunciados por la Asociación de Diplomáticos de Colombia.

Revisamos cuatro designaciones más que la justicia ya había anulado. A menos de un mes de acabarse el gobierno, la canciller María Ángela Holguín le deja de herencia al presidente electo Iván Duque diez personas nombradas en el exterior solo en el mes de julio.

En el consulado de Miami, EE.UU., Cecilia Tirado Abad fue nombrada provisionalmente en el 2017 como cónsul de segunda, pero en febrero de este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló su nombramiento.

La comunicadora social fue desvinculada por la Cancillería en abril de este año, pero hace siete días la nombraron de nuevo en el mismo cargo y en el mismo consulado

La Cancillería justificó los nombramientos asegurando que "mientras se sigue con el fortalecimiento de la carrera diplomática y consular, hay que nombrar en provisionalidad funcionarios para cumplir con la misión de la entidad".

Los otros tres casos conocidos por la Unidad Investigativa son similares en la embajada del Reino Unido e Irlanda del norte, en Cuba y en Azerbayán.

Comparando los fallos el argumento de la justicia para anular los nombramientos va en igual sentido como lo evidencia una de las sentencias:

"La irregularidad que aquí se advierte es que quién por mérito tiene el derecho, no puede ejercerlo en el cargo que le corresponde y esta garantía le es esquilmada por una persona que no ha cumplido con las exigencias propias de la carrera diplomática y consular".

El salario de las seis personas nombradas otra vez por la Canciller Holguín a pesar de los fallos judiciales que los tumbaron asciende alrededor de los 53.000 dólares mensuales

El presidente electo tiene la potestad de removerlas, pero eso implicaría costos extra para el Estado pues las personas designadas tienen derecho a pasajes y primas de instalación no solamente para ellos sino también para sus familias.

Vea también: Unidad Investigativa: cuestionamientos a nombramientos de la canciller María Ángela Holguín

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