Unidad Investigativa: Comisión de Acusaciones de la Cámara investigará a magistrado de la JEP

- Marzo 13 de 2019, 5:07 pm
FOTO: Magistrado Pedro Díaz ROmero.

La comisión de acusaciones de la Cámara investigará al actual magistrado de la JEP Pedro Díaz Romero, por presuntamente manipular pruebas para favorecer a las Farc, dentro de la investigación por la masacre de Santo Domingo (Arauca).

En noviembre de 2017, la Fiscalía vinculó al actual magistrado de la Justicia Especial para la Paz (JEP) Pedro Díaz Romero, a un proceso por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, 16 meses después el órgano de no había decidido su situación jurídica, hasta esta semana que le envió el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

“Se ordenó remitir por competencia el proceso de la referencia adelantado contra el magistrado de la jurisdicción especial para la paz pedro Elías Díaz romero, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes"

La investigación a Díaz Romero, según lo revelado por Noticias RCN en diciembre pasado, es porque cuando era fiscal de Derechos Humanos presuntamente manipuló pruebas de su investigación tras la masacre de Santo Domingo, Arauca.

"Lo que se trató aquí fue del bombardeo con un dispositivo cluster muy cercano a la población de Santo Domingo y donde resultaron asesinadas 17 personas" dice un fragmento de la indagatoria a Pedro Elías en julio 21 de 2015

El magistrado de la JEP Pedro Díaz, en ese entonces fiscal, recolectó nuevas pruebas en Santo Domingo un año y dos meses después de la masacre como lo evidencia un video publicado por Noticias RCN de la diligencia en el año 2000, que muestra el proceso de inspección que adelantó con ayuda de los pobladores y los testimonios que recibió de supuestos testigos.

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El hoy magistrado Díaz, pidió apoyo técnico al FBI para analizar algunas de las esquirlas, según él, recuperadas del camión, de sitios aledaños y de los cuerpos de las víctimas de la explosión. Pero el perito balístico que recolectó las pruebas solo cuatro días después de la masacre en el 98, admitió las diferencias en una declaración juramentada en 2014.

"El elemento que estoy observando en dicha imagen no corresponde ni en tamaño ni en su morfología", dice la declaración del perito.

Noticias RCN buscó al magistrado de la JEP Pedro Díaz y aunque se abstuvo de dar declaraciones en cámara sobre la investigación en su contra la oficina de prensa de la JEP contestó por escrito

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"El magistrado Pedro Díaz está pendiente de lo que ocurra en la Comisión de Acusación. Tiene su conciencia tranquila y está seguro de que procedió rectamente como fiscal en ese caso”, contestó la JEP.

También en la respuesta referenciaron las siete sentencias de la justicia colombiana en el caso Santo domingo. Ahora será la Comisión de Acusaciones de la Cámara la que defina si las pruebas aportadas en su momento por Pedro Díaz Romero, favorecieron a las Farc y si fueron o no manipuladas.

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Unidad Investigativa: el cuestionado contrato del exministro Juan Sebastián Rozo en la JEP

- Marzo 6 de 2019, 4:34 pm

La secretaria ejecutiva de la JEP contrató el año pasado al exministro Rozo, por más de 100 millones de pesos por 41 días de trabajo.

Juan Sebastián Rozo fue nombrado como ministro encargado de Tecnologías de la Información por el expresidente Juan Manuel Santos cuando David Luna dejó el cargo, pero Rozo estaba en esa carteta desde julio del 2015, cuando ingresó como asesor de despacho.

En todos esos años, en el MinTIC, Juan Sebastián Rozo como viceministro y ministro, coincidió con una contratista, que era la asesora de despacho María del Pilar Bahamón, actual secretaria ejecutiva de la Justicia Especial de Paz y quien se encarga de la contratación del tribunal.

En noviembre de 2018, cuatro meses después de que Juan Sebastián Rozo dejara el cargo como Ministro, es María del Pilar Bahamón, su exasesora en MinTIC es quien lo contrata en la JEP, según evidencia este contrato por 113 millones de pesos, para prestar sus servicios profesionales por 41 días.

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"Para apoyar a la JEP en la construcción de línea de base de percepciones de sus diferentes grupos de interés de orden internacional, nacional y territorial, así como en el apoyo de mensajes estratégicos orientados a mejorar la comprensión, posiciones, expectativas de dichos grupos con el fin de facilitar la gestión institucional de la entidad", señala el contrato.

Buscamos a Juan Sebastián Rozo, pero no hemos recibido respuesta, tampoco de la secretaria ejecutiva de la JEP, María del Pilar Bahamón.

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Unidad Investigativa: el cuestionado contrato de Miguel Samper en la JEP

- Marzo 6 de 2019, 3:40 pm

Siendo director de la ANT, Samper contrató al hermano de la presidenta de la JEP, luego el hijo del expresidente Samper recibió un contrato en ese tribunal por más de 100 millones de pesos.

Mediante una resolución de la Agencia Nacional de Tierras en el 2016, Miguel Samper como director de la entidad, nombró como empleado de planta al hermano de Patricia Linares, presidenta de la Justicia Especial para la Paz, Harol Enrique Linares, como asesor del despacho.

Según el decreto de remuneración de la época, su salario básico mensual era de 9.371.340 pesos.

Harol Linares trabajó en la entidad desde octubre de 2016 hasta octubre de 2018, permaneció dos meses más después que el director Miguel Samper dejará el cargo.

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En diciembre del mismo año, cuatro meses después, Miguel Samper recibió con un contrato de 50 millones de pesos en la JEP, misma entidad que preside la hermana de quien fue su asesor por 2 años en la Agencia Nacional de Tierras, su cargo público inmediatamente anterior.

Claudia Linares, la otra hermana de la presidenta de la JEP que actualmente dirige una oficina en la Unidad de Búsqueda de personas desparecidas, trabajó como asesora en la contraloría de Edgardo Maya.

Actualmente Harol, el otro hermano Linares, es asesor del despacho del contralor general Felipe Córdoba.

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La presidenta de la JEP, Patricia Linares, no se ha referido a la contratación de sus hermanos. Hizo una declaración en el tribunal sobre el capturado fiscal Carlos Julián Bermeo, pero no aceptó preguntas.

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Los nexos en contrataciones entre hijo del expresidente Samper y funcionarios de alto nivel de la JEP

- Marzo 4 de 2019, 2:24 pm
Foto: Pixabay

Noticias RCN pudo establecer que la secretaria ejecutiva de la JEP, funcionaria que otorgó un contrato por 50 millones de pesos a finales del año pasado a Miguel Samper, hijo del expresidente Samper, fue a su vez contratista del Ministerio de Justicia en el gobierno pasado cuando él era viceministro de esa cartera.

En el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, del que también hace parte la JEP, laboran dos hermanas Linares.
 
Sobre el polémico contrato de 50 millones de pesos en la JEP a Miguel Samper, hijo del expresidente Ernesto Samper, la secretaria ejecutiva de esa jurisdicción aseguró que la contratación se ajustó a los requerimientos legales de la entidad y que el plazo para su ejecución fue superior a siete días.
 
Según el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), el contrato fue desde el 27 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2018, es decir, 34 días.
 
“La contratación con el doctor Miguel Samper tiene lugar con ocasión de su experiencia profesional y de su trayectoria”, señaló María del Pilar Bahamón, secretaria ejecutiva de la JEP.
 
Según la información del portal Sigep, Miguel Samper estuvo en el ministerio de Justicia desde septiembre de 2011 y hasta el 2015.
 
Por su parte, María del pilar Bahamón, quien recientemente defendió la vinculación de Samper en la JEP, fue contratista del ministerio de Justicia entre octubre y diciembre de 2013, época en la que Miguel Samper era el viceministro de Política Criminal.
 
Llama la atención al revisar la experiencia laboral en la página web del Estado, que Bahamón también fue subdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) entre el 2014 y 2015.
 
El director desde el 2013 de esa misma entidad, es decir su jefe inmediato, era Harold Enrique Linares, hermano de Patricia Linares, actual presidenta de la JEP.
 
Harold Linares también trabajó en la Unidad de Tierras desde el 2016 y hasta octubre de 2018, bajo la dirección del mismo Miguel Samper.
 
También confirmamos que otra de las hermanas de la presidenta de la JEP, Claudia Argenis Linares, actualmente labora como jefe de oficina en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, desde septiembre de 2018, es decir que dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, del que también hace parte la JEP, hay dos hermanas Linares laborando.
 
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Cepeda reconoce gestiones a favor de Monsalve

- Febrero 15 de 2019, 11:06 pm
El senador Iván Cepeda. Foto: AFP

El senador aseguró que eso lo ha dicho de manera clara ante la Corte Suprema.

El senador Iván Cepeda se refirió a los apartes del interrogatorio de Juan Monsalve, principal testigo de la Corte Suprema en el caso del expresidente Uribe.
 
Cepeda reconoció que ha hecho gestiones a favor de Monsalve y de otros ex jefes paramilitares que son testigos del caso para proteger la vida de ellos.
 
Aseguró que eso lo ha dicho de manera clara en el alto tribunal.
 
“Porque el señor Monsalve ha sido objeto de dos atentados en contra de su vida y es evidente que, si no se lograba proteger su integridad, hoy no estaría como testigo en este proceso”.

El senador espera que el alto tribunal decida pronto.
 
“Que la Corte resuelva lo antes posible un recurso de nulidad que ha interpuesto el senador Uribe”, apuntó.
 
 
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Monsalve grabó encuentro con abogado de Uribe con una cámara oculta

- Febrero 15 de 2019, 10:03 pm

La defensa de Uribe asegura que la prueba no puede ser incluida en el caso por ser obtenida de manera ilegal.

En su segundo interrogatorio en La Picota, Juan Monsalve confesó que grabó con una cámara escondida en un reloj, que le dio su abogado, el encuentro que sostuvo en la cárcel con el defensor de Uribe, Diego Cadena.
 
“Cuando regreso estaba otra vez ya con mi abogado, Cadena, y yo traía el reloj puesto y lo puse a grabar ahí en ese momento (…) lo mandé para la calle, el reloj, y le dije a mi esposa que lo llevara a la Corte”.
 
En los interrogatorios, Monsalve y su esposa, Deyanira, difieren en la fecha de la primera visita de los abogados de Uribe.
 
Además, en el interrogatorio del 25 de abril, Deyanira aseguró que no se radicó una carta de retractación de su esposo en la Corte.
 
Pero en la Unidad Investigativa revelamos el documento de retractación de Monsalve radicado en la Corte el 2 de abril, tres semanas atrás, con un anexo que aludía presiones, es decir, para la fecha de la declaración de Deyanira, la carta ya estaba en la Corte.
 
Vea en el video relacionado el informe completo.
 
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Unidad Investigativa: las declaraciones de Monsalve en La Picota sobre Cepeda y Uribe

- Febrero 14 de 2019, 4:13 pm

Juan Monsalve es el principal testigo en el caso contra el expresidente Uribe, desde la cárcel La Picota, reconoció que recibió ayuda del senador Iván Cepeda.

La Unidad Investigativa obtuvo en exclusiva las declaraciones rendidas hace un año ante la Corte Suprema por dos de los principales testigos en el proceso contra los congresistas Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada por presunta manipulación de testigos. La semana pasada, la Corte aceptó al senador Iván Cepeda como posible víctima en el caso.

Hace un año, siete días después que la Corte Suprema archivó el proceso contra Iván Cepeda y abrió investigación a Álvaro Uribe, Juan Monsalve declaró en La Picota y habló de las intenciones de su testimonio.

Monsalve también habló sobre su acercamiento con Iván Cepeda, quien le tomó la declaración contra los hermanos Uribe en el 2011. Reconoció que recibió ayuda del senador Cepeda.

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Según su declaración, Monsalve recibió más beneficios y pidió ayuda para otro testigo clave de Cepeda en el caso: el ex jefe paramilitar Pablo Sierra, alias Pipintá.

La esposa de Monsalve, Deyanira Gómez, también testigo en el caso contra Uribe, en la audiencia en la Corte, el 25 de abril del 2018 confirmó que, en el caso de su esposo, el traslado de sitio de reclusión se cumplió.

Sobre su encuentro con el abogado de Uribe Vélez, Diego Cadena, le preguntaron a Monsalve por un supuesto documento de retractación de sus declaraciones contra el expresidente que Cadena llevaba listo para firmar.

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Por su parte, en su declaración Deyanira, aseguró que fue su esposo quien hizo el documento.

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La última comunicación del piloto del helicóptero atacado en Norte de Santander

- Enero 14 de 2019, 1:49 pm
Foto: NoticiasRCN.com

La tripulación de la aeronave fue secuestrada después de aterrizar.

Esta es la última comunicación del piloto del helicóptero atacado el viernes en norte de Santander cuando transportaba mil 700 millones de pesos. Reportó ser blanco de disparos y minutos después la tripulación fue secuestrada.

La Unidad Investigativa de Noticias RCN obtuvo en exclusiva el audio de una llamada telefónica entre el piloto del helicóptero baleado e incinerado en el Catatumbo el pasado viernes y el encargado de la oficina de operaciones de la compañía.

Julio Díaz, piloto del helicóptero baleado e incinerado en zona rural de Hacarí, (Norte de Santander) alcanza a hablar por celular con un funcionario la oficina de despacho de la compañía Aerochárter Andina, ACA, propietaria de la aeronave y reportó lo sucedido.

Encargado oficina de operaciones Aerocharter Andina ACA:

-¿Qué hubo?, ¿cómo está?

Julio Días, piloto helicóptero:

-Bien hermano. Nos dieron un tiro y me rompieron el vidrio.

El encargado de ACA se escucha preocupado por el reporte e intenta saber el estado del piloto: 

-Ah jue ***En qué parte, capi? Aló, aló, capi, capi, ¿pero usted está bien? aló, aló capi...

A pesar de la insistencia del personal en tierra, no recibió más respuesta del piloto, incluso el funcionario reporta a alguien más en la oficina lo que acaba de escuchar del piloto.

Este es el último audio que se conoce del piloto del helicóptero que transportaba 1.700 millones de pesos y cuyos tres ocupantes fueron secuestrados el pasado viernes en la región del Catatumbo.

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Las dudas sobre los culpables de la masacre en Santo Domingo, Arauca

- Diciembre 14 de 2018, 3:29 pm
Foto: AFP

Uno de los pilotos investigados asegura haber recibido amenazas tras denunciar irregularidades en la investigación.

Veinte años después de la masacre en Santo Domingo, Arauca, que dejó 17 personas muertas y 17 más heridas, reviven las dudas sobre los culpables del ataque.
 
La Unidad Investigativa de Noticias RCN conoció nuevos detalles del caso ya que logró hablar con algunos de los protagonistas del hecho ocurrido el 13 de diciembre de 1998.
 
Uno de los pilotos, aún investigado por la masacre, dijo que ha recibido amenazas tras denunciar las presuntas irregularidades de la investigación que incrimina a la Fuerza Aérea como autores del hecho y no a las Farc.
 
En las pruebas aportadas por Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que Noticias RCN revela por primera vez desde que ocurrió la masacre hace 20 años, se defiende que la bomba clúster o racimo se lanzó en un terreno boscoso lejos de Santo Domingo.
 
Según el dictamen de los técnicos en explosivos y topógrafos que inspeccionaron la zona, entre Santo Domingo y el lugar del impacto hay una distancia de 350 metros.
 
El alcance del artefacto es de 30 metros según prueba una comunicación oficial que reposa en el expediente del caso.
 
El piloto indagado asegura que en la investigación hay irregularidades y afirma que las Farc instalaron un camión bomba en la zona.
 
SEGUNDA ENTREGA: Los detalles del proceso en la Fiscalía:

Pedro Díaz Romero, magistrado de la JEP, tiene una investigación en curso por presunta manipulación de pruebas por sus investigaciones tras la masacre de Santo Domingo cuando era fiscal de derechos humanos.

Su defensa, según dijo en una de las indagatorias, se basó en los fallos judiciales que condenaron a la Fuerza Aérea como autores de las muertes.

"Lo que se trató aquí fue del bombardeo con un dispositivo cluster muy cercano a la población de Santo Domingo y donde resultaron asesinadas 17 personas", dice el fragmento de la indagatoria de Romero, en ese entonces fiscal.

Sin embargo, la defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al estado por la masacre, presentó otra versión.

"Las muertes de las 17 personas y los 27 heridos se producen por un carro bomba que había instalado las Farc en la calle principal de Santo Domingo, y el Estado colombiano tiene unos elementos muy serios que respaldan esa versión", explica el exfiscal Eduardo Montealegre, que defendió al Estado ante la CIDH.

El papel de Pedro Díaz Romero en la investigación de la masacre en la población de Arauca empezó 14 meses después del incidente.

“No hay evidencias que se haya usado armamento aéreo” porque no había nada de TNT pues nosotros cerramos el caso que había iniciado un juez nuestro, pero unos meses después la Fiscalía abre el caso sorpresivamente para nosotros, diciendo que habían encontrado una evidencia". dice el general (r) Héctor Fabio Velasco, comandante de la Fuerza Aérea en 1998.

En el 2000, un año y dos meses después de la masacre, Díaz Romero, recolectó nuevas pruebas en Santo Domingo con una comisión en la que participó Giovanny Álvarez, para la época también funcionario de la Fiscalía y hoy fiscal de la JEP.

"14 meses después aparecen estas evidencias y lo que no establecen esos dictámenes es en qué lugar exactamente se encontraron porque es obvio que muchas de esas esquirlas pudieron ser recogidas a 500 metros del casco urbano en el pie de monte", cuestiona Montealegre.

El perito balístico que recolectó las pruebas, solo cuatro días después de la masacre en 1998, admitió las diferencias en una declaración juramentada de marzo de 2014.

"El elemento que estoy observando en dicha imagen no corresponde ni en tamaño ni en su morfología con el que observé anteriormente del fragmento recuperado en la necropsia" 

En noviembre de 2017, la Fiscalía vinculó a Díaz al proceso "por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. más de un año después la misma Fiscalía no ha resuelto su situación jurídica.

La Unidad Investigativa buscó a Pedro Díaz Romero quien se abstuvo de dar declaraciones sobre la investigación en su contra.

La dirección de comunicaciones de la JEP indicó que desde el 9 de octubre de este año los dos pilotos condenados a 30 años por el caso Santo Domingo solicitaron acogerse a esa jurisdicción y el magistrado se declaró impedido.

El caso se encuentra bajo estudio en la sala de definición de situaciones jurídicas, en un despacho diferente al del magistrado Pedro Díaz.

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Unidad Investigativa: posibles irregularidades en la contratación de la Unidad de Víctimas

- Diciembre 4 de 2018, 9:15 pm

La Red de Veedurías ciudadanas pidió a la Procuraduría la manera en que se está contratando en la entidad.

La Unidad Investigativa encontró documentos que probarían un posible favorecimiento del director encargado de la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade a familiares y personas cercanas en la entidad.

El 4 de septiembre de este año Ramón Alberto Rodríguez Andrade se posesionó como director encargado de la Unidad de Víctimas.

Según su hoja de vida en función pública lleva seis años en la entidad, pero veedores ciudadanos cuestionaron su gestión.

"Ha puesto al servicio de su familia y de sus allegados la institución para transgredir las normas mínimas de violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses de una manera grosera", aseguró Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías De Colombia

La Unidad Investigativa se dio a la tarea de confirmar las denuncias y encontró un contrato del 2017 con Ginna Melet Pachón Rojas con quien el director encargado de la Unidad de Víctimas tiene un hijo de cuatro años, según el registro civil de nacimiento.

El contrato por más de 35 millones de pesos fuse dio cuando Rodríguez tenía otro cargo directivo de menor rango en la entidad y según el documento fue su supervisor directo.

Según el directorio y correo corporativo, Ginna Melet Pachón figura aún como contratista de la Unidad de Víctimas.

Cindy Milena Pachón, es tía de Ginna Milet y también trabaja en la Unidad de Víctimas desde el 2016. Este año fue vinculada nuevamente como contratista. 

A través de un comunicado, el funcionario indicó: "actualmente no tengo relación sentimental ni compañera sentimental, así como tampoco existe vínculo familiar por afinidad con ningún funcionario de la unidad".

Conocimos que 2.234 personas son contratadas a través de tres proveedores privados con órdenes de compra que superan los 75 mil millones de pesos.

En las órdenes de compra de los proveedores privados a la Unidad de Víctimas referencian el valor y cantidad de personal suministrados a la entidad, pero no los identifican, lo que dificulta conocer quiénes prestan sus servicios a través de las empresas subcontratadas.

Sobre lo anterior, Rodríguez aseguró: "por medio de este tipo de contratación las entidades del estado buscan la optimización de recursos, eficiencia administrativa, trasparencia y celeridad en procesos contractuales".

Bajo esta modalidad, la hija del director encargado, Camila Rodríguez, presta, al parecer, sus servicios.

Un certificado de afiliación al servicio de salud prueba su relación laboral con dos de los proveedores contratados por la Unidad de Víctimas.

"Mi hija se postuló y obtuvo desde el año 2017 un empleo como agente técnico en la empresa outsourcing la cual presta servicios desarrollado campañas en diferentes entidades del Estado”, aseveró el director encargado.

Rodríguez aseguró también que la empresa para la que trabaja su hija entró a ser operador de la Unidad de Víctimas en agosto de este año.

"Que se investiguen los diversos actos de nepotismo, de vinculación de familiares, supervisión de esos propios contratos", pidió Bustos.

La queja se interpuso ante la Procuraduría para que el director encargado de la Unidad de Víctimas sea investigado.

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