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Unidad Investigativa: tercerización dificultaría controles a chalecos antibalas de la UNP

El 77% de los escoltas de la UNP son tercerizados a través de ocho empresas privadas que manejan los esquemas de seguridad de los amenazados.

18 May 2019 14:58Por: canalrcn.com
 
La Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene unos 7.000 escoltas, 1.200 son los desmovilizados de las Farc que los protegen a ellos, 457 son de planta de la entidad y 5.400 son tercerizados a través de ocho empresas privadas que contrata la unidad para manejar los esquemas de seguridad del país.
 
"Si la unidad los tuviera vinculados de planta, tendría un control mucho más estricto sobre este tipo de situaciones, pero como están por medio de empresas tercerizadas donde la unidad dice que no tiene ningún vínculo con el hombre de protección, pues se prestan este tipo de irregularidades", aseguró Daniel Silva, protegido del UNP.
 
Los chalecos blindados marca Kejo que usan algunos escoltas que prestan sus servicios a la UNP, usurpan una marca norteamericana que no tiene representación en Colombia, pero además están vencidos. Vea también: Chalecos blindados de escoltas de UNP no pasaron pruebas balísticas
 
"Esos chalecos son del año 2012 que, entre otras cosas, debieron haber sido retirados desde el 2017 porque eso tiene una vigencia solamente de cinco años", afirmó Pablo González, director de la UNP.  
 
La Unidad Nacional de Protección le paga a las empresas privadas que suministran los esquemas de protección, 41.591 pesos mensuales por el alquiler de cada chaleco blindado que pone a disposición del escolta. Vea además: Pruebas balísticas a los chalecos antibalas de la UNP
 
Según las cuentas, Prosegur y SOS, que suministraron los chalecos marca Isbi y Kejo, objeto de la denuncia, han recibido 1.580 millones de pesos adicionales desde el 2012 por 500 chalecos que ya están vencidos y no cumplen con las certificaciones de seguridad que exige el contrato.
 
"Lo que queremos es que efectivamente se implementen los chalecos que cumplan con las condiciones técnicas, que se llame en garantía a las empresas que desde el 2012 han venido  cobrándole esos dineros a la UNP, que se recuperen esos dineros que son recursos que son del Estado", dijo Wilson Devia, presidente sindicato UNP. Le puede interesar: Más irregularidades en chalecos blindados en escoltas de la UNP
 
La Unidad Investigativa consultó a Andrés Villamizar, director de la entidad entre el 2011 y 2015, quien aseguró que en su periodo se verificó que los chalecos blindados tuvieran la etiqueta que garantizara las condiciones exigidas en el contrato:
 
“La UNP hacía seguimiento a la calidad de los elementos suministrados por esas empresas a los esquemas de seguridad, incluyendo los chalecos blindados, vehículos, entre otros, a través de las entidades responsables (Indumil, para el caso de los chalecos). Las pruebas a los chalecos se hacían de manera aleatoria por la imposibilidad material de hacerlo con todos ellos”. 
 
También fue buscado Diego Mora, el anterior director de la UNP, quien aseguró que en su administración entre el 2015 y septiembre de 2018 los contratos de prestación del servicio de escoltas fueron adjudicados por licitación pública:
 
"No recuerdo que se haya recibido ninguna queja, observación o denuncia que tuviera que ver con mala calidad en los chalecos que las empresas contratistas les suministraran a los escoltas. Recuerdo algunas denuncias que tenían que ver con armamento o con procesos administrativos, las cuales en su momento fueron objeto de aperturas de procesos internos de investigación".
 
Según informaron las empresas, la entidad verificó los requisitos exigidos para los chalecos antibalas.
 
“Los requisitos técnicos del blindaje de los chalecos provistos en alquiler a la Unidad Nacional de Protección han sido determinados por la entidad estatal. El cumplimiento de estos requisitos fue verificado por la UNP”, señaló la Unión Temporal Seguridad Integral.
 
La denuncia sobre las irregularidades con los chalecos blindados ya está en manos de los organismos de control mientras que escoltas y protegidos esperan que haya acciones para evitar poner en riesgo sus vidas.
 

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