El procurador Fernando Carrillo anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra la junta directiva de EPM y funcionarios de la ANLA.

La investigación se da después de un análisis hecho por parte la procuraduría y una comisión especial que pudo determinar que existen cerca de 120 mil personas afectadas por la crisis de Hidroituango

La procuraduría abre una investigación disciplinaria a la junta de EPM, así como a algunos funcionarios de la ANLA buscando determinar si existe o no alguna presunta responsabilidad de estos funcionarios en el desastre ambiental y ecológico ocurrido en Hidroituango.

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“Formalmente hemos abierto una investigación disciplinaria   contra los miembros de la junta directiva de la empresa, algunos funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y algunos ejecutivos de dicha empresa”, dijo el procurador Fernando Carrillo.

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