Buscador Solr

top_header_menu

Agosto 21 de 2018
315795

Corte sobre JEP: participación política sí, pero con condiciones

País - Noviembre 14 de 2017, 10:05 am
Los jefes de las Farc. Foto: John Vizcaino / AFP

La Corte Constitucional hizo importantes ajustes a la Justicia Especial de Paz, la columna vertebral del acuerdo con las Farc.

La Corte Constitucional le hizo profundos cambios a la reforma de la Justicia Especial para la Paz. Si la JEP se consideraba la columna vertebral del acuerdo, la Corte le puso corrector de postura. Los magistrados levantaron la restricción de  extradición a reincidentes de las Farc, así sean directivos del hoy partido político; también condicionaron la vigencia de la participación política de excombatientes a que se cumplan los compromisos de verdad y reparación, además de exigir comparecencia ante los magistrados de la JEP; el fallo protege a civiles, ya que la JEP no los podría investigar, la JEP no podría procesar al Fiscal, al Procurador y a los Magistrados.

Participación en Política

A cuatro meses de las elecciones legislativas y a seis de la primera vuelta presidencial, la discusión se centra en la posibilidad de que los ex integrantes de la guerrilla de las Farc, hoy integrantes del partido político que conserva el mismo nombre, puedan participar en la contienda de 2018. El acto legislativo que estudió la Corte permite que todos los exintegrantes de las Farc, con condenas  por graves delitos, puedan participar en cargos de elección popular e incluso aspirar a la Presidencia de la República.

Al margen de la discusión sobre posibles trabas legales que actualmente existen para dicha participación, por la pluralidad de normas que se contradecirían, es claro que el punto más polémico de ese acto legislativo  suspende las condenas que tienen los jefes de las Farc por delitos atroces y los habilita para aspirar a ser elegidos.

La Corte Constitucional considera que es importante que los ex integrantes de las Farc puedan ir a comicios, pero con unos condicionamientos puntuales: deben acreditar el sometimiento y comparecencia ante magistrados de la JEP, deben acreditar la pertenencia al proceso de paz, y si se falta al compromiso de contar la verdad y reparar a las víctimas podrían perder el cargo público.

Los condicionamientos buscan evitar, vía Constitución, que los integrantes del partido de las Farc, amparados en un fuero de servidor público, le hagan ‘conejo’ a los llamados de los magistrados de la JEP, por eso para participar en política, deberán participar en las audiencias de la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP, si incumplen esos llamados podrían perder el cargo público.

Extradición

La Corte avala que no se extraditen a los exintegrantes de esa guerrilla, pero hace una aclaración muy importante: si reinciden o incumplen los parámetros de la Justicia Especial para la Paz, podrán ser extraditados. Esta posibilidad de extradición puede ser el ‘freno de mano’ a conductas ilegales que puedan presentarse a futuro por las Farc y sobre todo los obliga a cumplir con los objetivos de la JEP.

Terceros civiles salen de la JEP

Contradictores al proceso de paz aseguraron que los 45 millones de colombianos podrían ser investigados por la JEP. Esas afirmaciones se basan en que la JEP, según el Acto Legislativo puede investigar a civiles que financiaron el conflicto o que ayudaron a perpetrar crímenes.

La Corte resuelve esa duda, eliminando la posibilidad de que los magistrados de la JEP llamen a declarar y profieran sanciones contra terceros que no integraron grupos armados. Esa comparecencia de los civiles debe ser voluntaria, es decir, si una persona cree que podría recibir mejor tratamiento en la JEP, teniendo en cuenta que podría pagar una sanción de 5 a 8 años por un delito que cometió en el marco del conflicto puede asistir voluntariamente a la sala de reconocimiento y verdad.

Los civiles mencionados en las declaraciones en la JEP, deberán ser investigados por la Fiscalía.

20 años de JEP

El acto legislativo plantea que el plazo para la conclusión de funciones de la JEP “será de 10 años contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de las salas y un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad jurisdiccional, plazo este último que de ser necesario podrá ser prorrogado mediante una ley. Es decir que mínimo la JEP durará 15 años y se contempla la posibilidad, a petición de los magistrados, que se amplíe indefinidamente el plazo.

La Corte Constitucional fijó un límite: la JEP solo podrá durar 20 años, la Ley que posibilita la ampliación de vigencia de esa justicia especial, sólo podrá extender la duración por 5 años.

Magistrados extranjeros

El Acto Legislativo establece que 10 juristas extranjeros participarán de manera activa en las decisiones de la JEP. 6 en las salas y 4 en el Tribunal de Paz. El texto de la reforma constitucional dice que solo intervendrán en una figura llamada “amicus curiae”, que consiste en una asesoría externa que no tiene posibilidad de tomar decisiones, es decir que participa pero no vota.

La Corte Constitucional le impuso otra condición, esos juristas extranjeros, no pueden entrar ni participar en las salas en las que se tomen decisiones, sólo tendrán una función ajena a los debates deliberatorios previos a la toma de decisiones. De los 77 aspirantes a ser elegidos juristas extranjeros 18 son españoles y 12 venezolanos.

Una de las exigencias de los promotores del NO en el plebiscito fue que no participaran magistrados extranjeros en las decisiones de la JEP. Luego de la votación del 2 de octubre de 2016 se incluyó la prohibición para que esos extranjeros votaran en las salas. Ahora la Corte impone una restricción más: no pueden ni siquiera participar de los debates.

Tutelas

Uno de los logros de la Constitución de 1991 es la tutela, ese mecanismo no solo permite amparar derechos fundamentales como el de la vida, la educación, la salud y la vivienda digna, además se ha convertido en un instrumento jurídico utilizado para tumbar condenas penales, basándose en la violación de otro derecho fundamental: el debido proceso.

Esas tutelas contra decisiones que expidiera la JEP, solo se pueden presentar ante la misma JEP y la última instancia la tendría una sala compuesta por dos magistrados del Tribunal de Paz y dos magistrados de la Corte Constitucional. Solo se pueden revisar fallos si los 4 están de acuerdo, es decir, que las posibilidades de que se revise un fallo de la JEP, por vía de la tutela, son pocas.

Sin embargo la Corte Constitucional tumbó parte del artículo y se guardó la competencia de seguir siendo el órgano de cierre de tutelas contra sentencias judiciales. Para la Corte se sustituía la Constitución al despojar al máximo órgano en esa materia, de las facultades para revisar tutelas.

Sanciones

Quizás el tema más polémico del acuerdo entre el Gobierno y las Farc es el relacionado con las sanciones, ya que se contemplan restricciones efectivas de la libertad de 5 a 8 años para quienes cuenten la verdad y reparen a las víctimas en el tiempo adecuado. El acto legislativo incorporaba esas sanciones a la Constitución.

El magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero pidió tumbar ese neurálgico artículo, al considerar que en la redacción del mismo se citaba el texto acuerdo del teatro Colón y como el acuerdo no tiene ninguna figura jurídica se generaba un serio vicio de inconstitucionalidad.

Pero la mayoría de magistrados no estuvieron de acuerdo con el magistrado Guerrero, consideran que citar un punto del acuerdo es una forma adecuada para citar el contenido de una extensa norma.

En resumidas cuentas sí habrá sanciones de 5 a 8 años y esa norma ahora es constitucional.

Germán Duque/NoticiasRCN.com

jep justicia especial jurisdicción farc corte dinero cárcel senado corrupción paz Acuerdo con las Farc Santos uribismo