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Procuraduría notificó al presidente la destitución de Gustavo Petro

Justicia - Marzo 19 de 2014, 12:49 pm
El alcalde de Bogotá junto a algunos de sus familiares. Foto: AFP.

El Ministerio Público radicó en la Casa de Nariño la carta en la que solicita ejecutar la sanción disciplinaria.

Como se esperaba tras el fallo del Consejo de Estado que negó las tutelas que frenaban la destitución e inhabilidad de Gustavo Petro, la Procuraduría General de la Nación notificó al presidente de la República la sanción disciplinaria contra el burgomaestre de la capital del país.
 
Sin embargo, este mismo martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó a Petro medidas cautelares que piden al Gobierno suspender  la decisión de la Procuraduría mientras se determina de fondo si los derechos del funcionario fueron vulnerados. 
 
Este pronunciamiento, sin duda, influye directamente en la decisión que deberá tomar Santos, quien ahora deberá determinar si acata o no las instrucciones de la CIDH. 
 
Según el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, el presidente debe acatar las medidas.  "La Corte Constitucional colombiana ha establecido que las medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento. La Comisión espera que en este caso se acaten las medidas".
 
Postura similar tiene el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. "Las decisiones de la CIDH, cuando se trata de medidas cautelares, son vinculantes. Incluso la Corte Constitucional ha dicho que si no se cumplen es procedente la acción de tutela".
 
De acuerdo estuvo el exviceprocurador Carlos Arturo Gómez, al afirmar que el presidente está obligado a avalar la decisión  "porque la Comisión es un órgano cuasi jurisdiccional y  de no hacerlo se estaría incurriendo en un fraude de resolución judicial. También hay que tener en cuenta que el presidente de la República es el representante internacional de Colombia y la imagen del país está en sus manos".
 
Como era de esperarse, la defensa del alcalde también apoya esa tesis. "En el evento hipotético de que el Estado no acate la decisión, nosotros podremos interponer una tutela para que un juez obligue al presidente a acatar la decisión. Pero a su vez, la Comisión Interamericana puede acudir a la Corte Interamericana para que emita una decisión de medida provisional, que también es de obligatorio cumplimiento", señaló el jurista  Rafael Barrios.
 
El profesor universitario Alexánder Andrade se manifestó de igual forma. "Se trata de la orden impartida por un organismo internacional, orden que se imparte por razón de convenios que han sido suscritos y ratificados por el país".
 
Por otro lado, una de las voces más fuertes con otro punto de vista sobre la determinación de la CIDH que favorece a Petro es la del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien aseguró que las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no son de obligatorio cumplimiento.
 
Así mismo, el exprocurador Jaime Bernal Cuellar afirmó que "cuando una decisión se dicta sin tener la competencia, no es una decisión vinculante y no obliga a ningún funcionario a cumplirla". 
 
Además, el analista y constitucionalista Juan Manuel Charry dijo que la Comisión no tendría que haber intervenido en este caso. "En mi opinión la Comisión Interamericana no debe intervenir, porque ella interviene cuando no hay garantías y el alcalde Petro ha tenido muchas garantías", precisó.
 
De igual forma opinó el exministro del Interior Néstor Humberto Martínez. "Si las decisiones de la Corte Interamericana van a gobernar, sobra la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, el procurador". 
 
Tras sostener un encuentro con el jefe de Estado, el senador del Partido Conservador Jorge Hernando Pedraza, dijo que Santos supuestamente dejó entrever que no dictará las medidas cautelares. "Fue muy cauto, pero si me preguntan que leí en sus labios, fue que va a acatar el fallo de destitución". 
 
En las próximas horas, el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos para estudiar el anuncio de la CIDH y los efectos que tendría tanto una posición a favor como una posición en contra.
 
Por ahora, la Registraduría Nacional, que realizaría la revocatoria del alcalde Gustavo Petro el próximo 6 de abril, la cual cuesta aproximadamente 35.000 millones de pesos, deberá esperar una decisión definitiva sobre este caso.
 
NoticiasRCN.com
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