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Primeros cargos de la Fiscalía por delitos de lesa humanidad

Justicia - Julio 30 de 2013, 2:08 pm
Luis Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación. Foto: Fiscalía General.

La Fiscalía imputó los delitos a 231 jefes paramilitares y guerrilleros de las Farc.

El ente investigador imputó delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad a 231 excomandantes paramilitares y guerrilleros. Entre los imputados están el carcelero de las Farc, 'Martín Sombra', y alias 'Karina', al igual que los exparamilitares Salvatore Mancuso; Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna'; y Ernesto Báez, entre otros.  El fiscal general, Eduardo Montealegre, dijo que también habrá imputaciones contra la cúpula de las Farc.

Desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y violencia basada en género que de manera sistemática y generalizada que fue perpetrada contra la población civil, son los delitos de los que se les acusa a los dos grupos subversivos.

De esta forma, y por primera vez, la Fiscalía intentará imputar estos casos como crímenes de lesa humanidad y seguirá, como antes, una doble imputación, pero principalmente se le hará a la organización o estructura y después ira dirigida al individuo.

Para adelantar la jornada de solicitar macrocondenas, los investigadores de la Fiscalía viajarán en un avión privado que visitará las ciudades donde están los procesos contra el primer grupo de máximos responsables.

Las primeras 16 solicitudes de imputación de cargos involucran 2.626 investigaciones por el delito de desaparición forzada que afectó de manera directa a 3.510 víctimas, 3.333 procesos por desplazamiento forzado que afectó a 29.673 personas, 2.078 casos por reclutamiento ilícito y 815 investigaciones por violencia de género.

“La subunidad de guerrilla incluyó un patrón de secuestros donde se incluyen casos como el de Íngrid Betancourt, Clara Rojas, Jorge Géchem, Consuelo González de Perdomo y Gloria Polanco, entre otros”, aseguró Montealegre. 

De igual manera, la Fiscalía incluyó 2.218 casos de connotación en donde las víctimas fueron quienes reunieron una condición de defensores de derechos humanos, miembros de la Unión Patriótica, periodistas, líderes sociales, sindicalistas y miembros de comunidades afro o indígenas.

"Casos de connotación como la masacre del Salado, Chengue, Macayepo, Naya, Yurumanguí, Ituango, entre otros", recalcó el fiscal general de la Nación.

Por medio de estas primeras macrocondenas, la Fiscalía intenta que los demás postulados a justicia y paz (guerrilleros y paramilitares) acepten su autoría en los anteriores delitos y se acojan a sentencia anticipada. De esta manera la justicia podría abarcar la mayor cantidad de sentencias posibles en un año.

Eduardo Montealegre dijo que a futuro también habrá imputaciones contra la cúpula de las Farc.

"Frente a esos miembros de las Farc, la política de secuestros puede constituir un crimen de guerra y eventualmente esa misma extensión puede hacerse al secretariado de las Farc cuando la Fiscalía termine de consolidar sus investigaciones", aclaró.

Por otra parte, la Fiscalía prepara un segundo plan de estrategias ante cualquier posible eventualidad dentro de los acuerdos de paz con las Farc, poniendo en funcionamiento la Unidad Nacional de Justicia, encargada del desplazamiento forzado, y convertirla en la Fiscalía delegada para la Justicia Transicional.

Esta unidad especializada tendría tres subunidades: La primera, a cargo de la investigación de los delitos cometidos por las autodefensas; la segunda, direccionada a indagar los hechos cometidos por la guerrilla en medio siglo de violencia; y una tercera  que estaría dedicada a procesar a las acciones cometidos por funcionarios públicos en medio del conflicto.

Para atender la carga investigativa que tendría que afrontar esa unidad, se espera que pueda darse un incremento en la planta de investigadores con por lo menos 180 fiscales delegados ante los tribunales para un total de 5.000 funcionarios.

En cuanto a la persecución de bienes pertenecientes a testaferros de los grupos  paramilitares y guerrilleros que fueron apropiados ilegalmente en diferentes zonas del país, seguirá a cargo de la subunidad de bienes de Justicia y Paz y de la entidad encargada administrativamente por parte del Gobierno.

NoticiasRCN.com

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