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Excarcelación: ¿solución al hacinamiento o más inseguridad?

Justicia - Enero 22 de 2014, 6:30 pm
El hacinamiento en algunas cárceles del país es hasta de 400%. Foto: AFP

Analistas debaten si se podrá vigilar a los reclusos y si era la única solución al problema de sobrepoblación carcelaria.

La excarcelación de siete mil presos por delitos menores y que pagaban condenas menores a los cuatro años de cárcel ha generado rechazo entre la ciudadanía colombiana, que ve esta medida como un retroceso en las políticas de seguridad del país y que creen que el orden público nacional se puede ver seriamente afectado con esta medida.
 
El Inpec y el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, han argumentado que el objetivo de esta liberación masiva, que se logrará solo luego de que se solicite formalmente por parte de los reclusos, es descongestionar las cárceles que tienen un hacinamiento del 50% en todo el país.
 
Para analistas de seguridad, aunque la medida es efectiva para enfrentar el problema de congestión carcelaria, es una solución coyuntural, que no plantea una salida general al problema y que, inclusive, a largo plazo puede traer efectos negativos para la seguridad urbana.
 
“La excarcelación se da como una respuesta a un problema que no da más, porque por cada cuatro personas que entran al sistema carcelario, solo una sale, pero eso solo genera otro problema de seguridad en las calles porque quienes recuperan la libertad son personas que están pagando una condena que no han cumplido y que no necesariamente están resocializados, que cometieron delitos”, dice el experto en seguridad Hugo Acero.
 
Acero añade que se supone que quienes salgan de las cárceles deben cumplir algunos requisitos como que hayan cumplido la mitad de la pena o que hayan mostrado buena conducta, por lo que cree que no habrá una reincidencia delictiva muy marcada, pero añade que nada de eso es garantía de que una población de excarcelados no regrese a la vida criminal.
 
“No son personas que van a tener muchas oportunidades laborales y que muchos de ellos estaban inmersos en una vida criminal por bastante tiempo antes de entrar al sistema. Además, la corrección de conducta criminal dentro de las cárceles del país es bastante pobre. Es imposible determinar cuántos podrían volver a delinquir, pero los antecedentes históricos prueban que esta situación se va a presentar y que va a requerir de mayor vigilancia y doblar la seguridad en algunas zonas del país”.
 
El experto agrega que hay que tener en cuenta que el Inpec solamente cuenta 200 brazaletes electrónicos para controlar que se esté cumpliendo la medida de detención domiciliaria a quienes hayan salido beneficiados con esa medida.
 
Acero insiste en que esta medida, sin embargo, no resulta beneficiosa para el Gobierno ni para los organismos de seguridad, que podrían enfrentar líos de seguridad en las zonas del país donde haya más liberaciones y añade que esto es una consecuencia de una falta de política integral de seguridad en el país.
 
“Cada que hay una coyuntura la solución es punitiva, es decir que se aumentan las penas y se da cárcel. Eso pasa con los conductores borrachos, con la ley de pequeñas causas y con el plan de disminuir la edad legal en la que los menores delincuentes pueden ir a establecimientos carcelarios. No hay una política de prevención y resocialización que sea integral y que venga desde el Gobierno”, recalca Acero.
 
Por su parte, el analista Fernando Gómez, afirma que en Colombia tiene un proyecto de construcción de más cárceles por valor de 22.000 millones de dólares, pero que entretanto la situación de hacinamiento no da espera, por lo que celebra la medida.
 
“Hoy Colombia tiene 120.000 presos. Cada día hay 84 capturas que terminan en privación de la libertad en establecimiento carcelario y la capacidad total de las cárceles es de 80.000 personas. Es una verdadera bomba de tiempo. Las condiciones sanitarias son absurdas, hay cárceles sin sifones y hay reclusos que sufren de cáncer y hay 2700 con problemas siquiátricos que no reciben atención profesional adecuada. No había otra opción. Había que empezar la descongestión”, dice Gómez sobre la determinación.
 
Para el analista esta medida podría aliviar el hacinamiento en un 10%, lo que es un beneficio, ya que la población carcelaria ha aumentado de 29.000 en el año 1993 a 120.000 en 2013, y el aumento de los cupos en los centros de reclusión solamente ha aumentado en 50.000 en estos años.
 
Además, para Gómez, la mayoría de personas que gozarían del beneficio de excarcelación están internados por casos de hurto simple, lo que para él no significa un desbalance alarmante en los índices de inseguridad.
 
Los ladrones componen la mayor cantidad de los presos en Colombia. Según datos del Inpec, a junio del 2013, había 31.000 personas tras las rejas por este delito, seguido por homicidio que mantiene presos a 28.000 colombianos. 
 
Gómez insiste en que el beneficio no generaría impunidad, ya que es una condición que quienes resulten elegidos para dejar las cárceles, ya han pagado la mayor parte de su condena.
 
La determinación, sin embargo, no ha sido bien recibida por parte de la ciudadanía, que insiste en que habrá un aumento de la inseguridad y que reclama que los robos no son un delito menor, como lo llama el Gobierno.
 
Adolfo Ochoa Moyano / NoticiasRCN.com
 
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