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Juristas con opiniones divididas frente a anuncio de acuerdo en La Habana

Diálogos de paz - Mayo 12 de 2016, 6:37 pm
Foto: Archivo EFE

Algunos expertos dudan que los acuerdos con las Farc pueden enmarcarse dentro del Derecho Internacional Humanitario, mientras que otros dicen que el Acuerdo de Ginebra lo permite.

El anuncio hecho por Humberto de la Calle de que se lograron acuerdos para blindar jurídicamente los acuerdos de paz que se discuten en La Habana con la guerrilla de las Farc dividió las opiniones de algunos juristas del país (vea también: Gobierno y Farc anuncian medidas para brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final).

Mientras que el abogado constitucionalista Víctor Hugo Vallejo asegura que "es contradictorio", porque -a su juicio- este tipo de acuerdos solamente pueden ejercerse si se realizan entre dos Estados, otros creen que es viable y acerca la firma de la paz.

Vallejo asegura que el carácter vinculante de este acuerdo solamente se logra cuando el tratado es firmado entre dos naciones y este no es el caso, ya que las Farc no son más que un grupo armado ilegal.

"Esta propuesta tiene un objetivo claro, una forma definida que le dieron en Cuba y un contenido específico, con lo que se estaría equiparando el acuerdo de paz con tratados internacionales y eso solo se logra entre Estados democráticos".

Para Vallejo, esta iniciativa es contradictoria "porque el Estado no puede equiparar a un grupo de delincuentes como las Farc con un Estado".

Vallejo añade que los acuerdos de paz alrededor del mundo son meramente pactos políticos y nunca jurídicos, por lo que no pueden enmarcarse dentro de las normatividades del Derecho Internacional Humanitario (vea también: Centro Democrático: "Acuerdo entre Gobierno y Farc es un golpe de Estado a la democracia")

El exmagistrado José Gregorio Hernández, por su parte, cree que esta es una buena noticia, pero debe verse desde una perspectiva jurídica. 

"Yo tengo mis dudas de que el acuerdo final con las Farc sea uno de los acuerdos especiales a que se refiere el Derecho Internacional Humanitario y concretamente el artículo 3 común de los Acuerdos de Ginebra. Pero si es así, debe ser aprobado por el Congreso, mediante Ley, con el debido tiempo, en libertad y previa discusión y después debe ir al control de la Corte Constitucional", dice Hernández, quien agrega que "la mejor forma de blindar esos acuerdos es respetando íntegramente la Constitución" (vea el video completo aquí).

El constitucionalista Jaime Castro destaca que desde ya se le quiera dar un carácter de tratado internacional a un acuerdo "que nadie conoce porque hasta el momento no lo han suscrito y que no han terminado de negociarlo. Eso equivale practicamente a un cheque en blanco, practicamente un salto al vacío".

Castro añade que esta decisión "tiene más consecuencias perjudiciales para el ordenamiento institucional del país que un golpe de Estado, porque han decidido que la suerte del Estado la definen un grupo de personas levantadas en armas que negocian con el Gobierno" (vea la opinión completa de Jaime Castro aquí).

"Hoy en día, lo que las Farc negocien haría parte de la Constitución, pero mañana harán parte de la Constitución los acuerdos con el ELN y así sucesivamente, porque a partir de ahora quedan autorizados para reformar la Constitución luego de organizar un grupo armado, solicitar una negociación y pedir un Acuerdo Especial", opina.

Por otro lado, el analista político Camilo González Posso asegura que esta propuesta está enmarcada en los Acuerdo de Ginebra, que sí permiten que haya acuerdos entre una Nación y un grupo armado irregular, justamente con el fin de darle continuidad a los pactos de paz en el mundo.

"Existe un protocolo especial para estos casos en los que hay un acuerdo de paz. Lo que se busca es que esta no sea una negociación política que dependa del Gobierno de turno, sino que sea de mandato constitucional que permita que los acuerdos se mantengan vigentes en el tiempo y sin depender de quién sea el Presidente".

González Posso dice que este anuncio no significa que se va a aplicar el llamado Acuerdo Final, ya que la propuesta debe ir al Congreso de la República primero para su aprobación. "Si el Congreso no aprueba esta iniciativa, pues simplemente no se podrá aplicar. Solamente los legisladores podrán darle validez a esta propuesta".

A su vez, el exmagistrado Eduardo Cifuentes cree que la finalidad de lo anunciado por De la Calle es "darle un carácter de compromiso intangible en el nivel internacional y, al mismo tiempo, lograr que sea una norma internacional en Colombia".

Finalmente, el abogado Rubén Darío Henao asegura que se trata de "un paso importante" y que de alcanzarse este objetivo planteado en La Habana, la firma del acuerdo final de paz "podría darse en uno o dos meses porque esto es algo muy viable".

NoticiasRCN.com

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