La exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto.
La exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, investigada por presunta corrupción.

Pliego de cargos contra Oneida Pinto por contrato de más de $20 mil millones por proyecto TIC en La Guajira

Justicia
2 Ago 2019 15:56
La exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto.
La exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, investigada por presunta corrupción.
La exgobernadora de La Guajira está investigada por presuntos actos de corrupción durante su mandato como alcaldesa del municipio de Albania.

La Procuraduría formuló pliego de cargos en contra de la exgobernadora Oneida Rayeth Pinto Pérez, por presuntas irregularidades en un contrato por $20.453.932.366 para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira".
 
Los cargos también cobijan a la exsecretaria de Educación, Bely Géneco; al exdirector Operativo, Gilbert Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental, para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza.

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La Procuraduría investiga la existencia de una posible falta disciplinaria de los exfuncionarios por su participación de la Licitación Pública 033 de 2015, que conllevó a la firma del contrato 009 del 8 de marzo de 2016, con la empresa Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics).
 
Al parecer, se habrían desconocido los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, teniendo en cuenta que el proceso incluyó condiciones restrictivas a la libre concurrencia de oferentes y la selección objetiva, relacionadas con la experiencia y la capacidad financiera.

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El órgano de control reprochó que la posible restricción probablemente ocasionó que a la licitación solo concurriera un proponente y que, en consecuencia, la entidad no tuviera la oportunidad de realizar una comparación de ofertas y elegir la más favorable.
 
La Procuraduría recordó que los investigados tenían el deber de verificar que el proceso fuera adelantado siguiendo las reglas establecidas para el desarrollo de los procesos contractuales.

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