Los promotores de la Consulta, los partidos, entes de control y el Gobierno empiezan a darle forma a las medidas votadas por más de 11 millones 600 colombianos el pasado 26 de agosto.

El Consejo de Estado determinó que la exsenadora no tenía que declararse impedida en la votación del proyecto que pretendía despenalizar la injuria y la calumnia.